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CDMX

Juez exenta al ITAM de Ley de Educación  de Educación Superior

Se trata de la única universidad privada de la Ciudad de México que ha promovido un amparo contra la Ley General de Educación Superior

Por Agencia Reforma

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Un juzgado federal ordenó exentar al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) de la aplicación de la nueva Ley General de Educación Superior, en particular de las medidas sobre reconocimiento de validez oficial de estudios, registro de planes de estudio y reconocimientos de excelencia.
 
Se trata de la única universidad privada de la Ciudad de México que ha promovido un amparo contra esta ley, publicada el pasado 20 de abril, que derogó a la Ley de Coordinación de la Educación Superior de 1978, como parte de la reforma educativa del actual Gobierno.
 
La suspensión provisional, notificada el 24 de septiembre, impide a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otras autoridades aplicar al ITAM los artículos 69, 71 y 72, así como segundo y décimo octavos transitorios de la nueva ley.
 
 El Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa notificará el 8 de octubre si concede la suspensión definitiva, que es el escenario más probable, con lo cual el ITAM quedará exento de estas reglas por tiempo indefinido, mientras el Poder Judicial resuelve sobre la constitucionalidad de los artículos mencionados.
 
Fundado como Instituto Tecnológico de México, el ITAM obtuvo la autonomía universitaria gracias a un Decreto del Presidente Adolfo López Mateos, publicado en enero de 1963, que resultó crucial para la decisión del Juzgado de conceder la suspensión provisional, no impugnada por el Gobierno.

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"Suspender la aplicación de los preceptos reclamados en la parte que puedan provocar agravio (al ITAM) no contraviene el interés de la colectividad, ni tampoco al grupo determinado que comprende a los alumnos de esa institución, debido a que su actividad se encuentra sujeta a la regulación del Decreto que la reconoce como institución de tipo universitario, de carácter libre", explicó el juzgado.
 
En junio, el juzgado había desechado el amparo por improcedente, pero un tribunal colegiado de circuito le ordenó admitirlo.
 
A partir del 20 de abril, inició un plazo de 220 días hábiles para que la SEP reforme toda su normativa interna para ajustarla a la nueva ley, y es entonces cuando otras universidades privadas podrían sentirse afectadas.

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