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Culiacán

En seguridad, Quirino Ordaz deja un balance complicado al nuevo Gobierno de Sinaloa

Analistas entrevistados por Debate dividieron opiniones sobre el trabajo del gobernador Quirino Ordaz Coppel  en materia de seguridad durante su administración.

Por Lorena Caro

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Sinaloa.- Durante el Gobierno de Quirino Ordaz en Sinaloa, los delitos de lesiones, daño a la propiedad, contra el patrimonio y fraudes mantuvieron una inestabilidad poco cercana a una reducción, ni siquiera con el impacto de la falta de denuncias debido a la pandemia por covid-19. Si bien, las cifras oficiales presentan una disminución en delitos como homicidios, esta es de alrededor de 500 menos entre 2017 y 2020.

Para especialistas entrevistados por Debate, las cifras son poco reales si no se toman en cuenta otros fenómenos que interfieren, como las desapariciones o los desplazamientos.

Consideraron que es claro que la estrategia de Ordaz Coppel estuvo apegada a la del Gobierno federal, pero también que se evidenció el poderío que continúan teniendo los grupos organizados en la región, como se mostró el Jueves Negro del Culiacanazo, el 17 de octubre del 2019.

¿Qué dicen las cifras?

De acuerdo a un análisis realizado a la incidencia delictiva reportada por el Secretariado Ejecutivo, del 2017 hasta agosto del 2021, se registraron 6 mil 986 homicidios en Sinaloa, un delito que disminuyó.

En 2017 registró mil 839 casos; mientras que para el 2020, bajó a mil 313 casos. Los delitos contra el patrimonio, del 2017 hasta agosto del 2021, fueron 50 mil 262. Sin embargo, este delito disminuyó de 2017 al 2020, cuando registró 12 mil 258 y 9 mil 717 casos, respectivamente. El narcomenudeo ha sumado 2 mil 632 casos con Quirino Ordaz, pero disminuyó del 2017, con 857 delitos, a 2020, con 269 casos denunciados. 

Se registraron en total de 12 mil 629 lesiones, un delito que incrementó pasando de 2 mil 132 casos registrados en 2017 a 2 mil 341 en 2020. Los delitos contra la libertad personal sumaron mil 890 casos con Quirino. En 2017 se registraron mil 70 casos; mientras que en 2020, mil 188, otro delito en incremento para el estado. A su vez, el daño a la propiedad registró 7 mil 534 casos de 2017 hasta agosto del 2021, e incrementó al pasar de mil 401 casos en 2017 a mil 487 en 2020.

El fraude registró dos mil 372 casos en total, de acuerdo con este periodo de análisis. También incrementó, ya que en 2020 sumó 468 casos denunciados, mientras que en 2017 había registrados 424. 

Mayor claridad

Para el activista Óscar Loza Ochoa, Sinaloa mantiene una crisis humanitaria producto de la inseguridad. El también miembro de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa destacó para Debate que la autoridad ha dicho, sobre todo en el último año, que ha caído el registro de homicidios, sin embargo, indicó que en ese renglón no entran los restos humanos que se encuentran en fosas clandestinas y que deberían incluirse, ya que eso acerca más a la vedad cuando se habla de homicidios.

Consideró que las desapariciones y los desplazamientos son otros fenómenos que cada día se incrementan. Loza Ochoa indicó que el estado enfrenta un desplazamiento hormiga, al señalar que cuando hay un hecho violento en algún punto de Sinaloa, la gente tiende a irse en masa hacia otro lado, pero como no sede la violencia en diferentes zonas, una familia o dos diariamente huyen de la situación de inseguridad que hay en su microrregión y se van a la ciudad.

“Por otro lado, las desapariciones. Hay dos estudios, el más suave dice que cada 8 horas desaparece una persona. Esto se ha mantenido en los últimos, al menos, dos años, y en eso no ha podido aportar mucho el régimen que se va”, destacó.

No obstante, añadió que lo mismo pasa a nivel nacional, porque es una responsabilidad conjunta.

Hasta el 30 de septiembre del 2020, el Gobierno federal reportó 973 personas desaparecidas y no localizadas en Sinaloa. Siete meses después, la cifra pasó a 981 casos oficiales.

Además, del 1 de diciembre de 2018 al 7 de abril de 2021, se reportaron 201 exhumaciones de cuerpos de fosas clandestinas correspondientes a Ahome y Mazatlán.

Un ejemplo de lo que se está haciendo mal en la estrategia, según dijo, es que en barandillas hay muchos más detenidos que antes, debido a que establecieron una cuota para que se lleven más detenidos, aunque eso no resuelve el problema de la inseguridad desde abajo.

Lo que se debería hacer, de acuerdo con Óscar Loza Ochoa, es atender las causas, donde la misma pandemia y la crisis han dejado más desempleos o empleos con menor valor en ingresos. “Todo eso se tiene que valorar, y tiene que verse de qué manera se compone para que el delito baje. Aumentar el número de detenidos no resuelve ningún problema. Si no se valora de manera permanente cómo avanza la situación, no se va a caminar muchos pasos a favor de esto”, sostuvo.

Jueves Negro

Para el analista político Fernando Zepeda, es muy evidente la estrategia de coordinación que siguió el Gobierno de Quirino con el Gobierno federal en materia de seguridad. A decir del analista, esto le dio buenos resultados, cuando menos para contener la violencia. A pesar de tener esta coordinación, rememoró que se evidenció el problema real de Sinaloa con el Culiacanazo, respecto al mundo de armas, y de alto poder, que tienen los grupos organizados en Sinaloa.

“No se puede decir que a Quirino le haya fallado la estrategia y que haya provocado el Culiacanazo, sino que falló la estrategia del Gobierno federal en la intención de detener al hijo del Chapo Guzmán en Culiacán. Al fallar esta estrategia, se vino todo el desorden que todos sabemos”, opinó.

Con el también llamado Jueves Negro, Fernando Zepeda indicó que se evidenció a Culiacán como un sitio en donde los violentos prevalecen, siguen adelante y que no hay una forma en que hayan podido menguar la fuerza del Cártel de Sinaloa. Según consideró, en lo general, salvo el caso del Culiacanazo, en materia de Seguridad, Quirino fue avanzando con el problema de los secuestros y en el delicado problema de los feminicidios.

Mayor exigencia social

Tomás Guevara, sociólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), analizó que a partir de Jueves Negro la sociedad se ha dado cuenta del poderío y el posicionamiento que los grupos organizados tienen en la sociedad, “que se pueden mover fácilmente y que pueden mostrar fuerza y destruir, por ejemplo, todo el sistema de cámaras que hay en la ciudad. Esto ha sido una cuestión evidente”, comentó.

No obstante, el sociólogo consideró en este panorama hay sectores de la sociedad que ya están empezando a cuestionar seriamente este idilio que la sociedad civil tenía antes con los grupos organizados, eso de proteger, de protestar por la detención de un narco, de una especie de narcocultura que parecía más bien que era posible de ser presumida, en lugar de ser cuestionada.

“Eso, creo que ha perdido terreno entre la sociedad civil y cada vez más hay una necesidad de demandar resolución sobre la inseguridad, pero también creo que hay procesos, digamos, que cuya implicación de la sociedad se ve más en el cuestionamiento y en el estar ya asqueados de este discurso. Pienso que es la parte que más ha cambiado en la sociedad”, consideró.

Al respecto, dijo que es importante que el nuevo gobernador, Rubén Rocha, profundice este cambio y transite por esta ruta que la sociedad civil está planteando desde el campo de la cultura y de la vida cotidiana de ya estar asqueados de los actos que molestan tanto a la sociedad civil.

¿Rubén Rocha y continuidad?

El analista político Fernando Zepeda consideró que hay muchas cosas pendientes en materia de seguridad por hacer y le va a corresponder a Rubén Rocha Moya tratar de resolver o, cuando menos, contener, el problema de la violencia en el estado.

“Creo que el reto de Rubén Rocha es intentar contener a la delincuencia, tratar de llevar una buena coordinación con el Gobierno federal para el combate de la inseguridad y enfocarse mucho a la violencia familiar, a la violencia de género, que impacta de forma importante en la opinión pública y en la imagen de los Gobiernos”, indicó.

De acuerdo con el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha, el único funcionario de la Administración de Quirino Ordaz que permanecerá en su Gobierno es el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, debido a una petición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, el analista político Zepeda opinó que Cristóbal Castañeda es de los militares de confianza para el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Consideró que esa confianza garantiza, cuando menos, que la coordinación federal que se ha estado dando continúe sin ningún problema.

Para Óscar Loza Ochoa, miembro de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, el gran reto del nuevo Gobierno de Rubén Rocha Moya es la concepción sobre el propio problema, porque indicó que hasta ahora se ha dejado en manos, y en boca también, de quienes son jefes de policías, y son los que hacen la mayor parte de las declaraciones.

Apuntó que es importante que haya una especie de convención donde participen universidades, organismos de la sociedad y autoridades, en la idea de hacer un intento muy serio de valorar, desde diferentes puntos de vista, el problema de la inseguridad, más allá de lo que el gobernador electo haya recogido al respecto en campaña.

Consideró que con esta convención se pueden lograr dos elementos importantes: el perfil de los mandos de policías y que surjan mecanismos sociales que concluyan en comités para que vigilen el trabajo de la autoridad.

A su vez, dijo que se tienen que involucrar todas las instancias, por ejemplo, la Secretaría de Educación, que, a pesar de ser un pilar en la enseñanza de valores, no está involucrada en los asuntos de la prevención y las conductas sociales.

Añadió que todo lo que se legisle, por ejemplo, sobre protección a mujeres, debe de conocerse desde la preprimaria y debe insistirse la enseñanza en los planes de estudio hasta el posgrado, esto con la intención de que las nuevas generaciones sí respeten más al género y para fomentar una conducta social mucho más acorde a los nuevos tiempos.

Para entender...

Reacomodos del gobierno

Tomas Guevara, sociólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), analizó que en materia de seguridad a nivel nacional, han existido cambios,  pero que a la larga no han sido positivos, sino que corresponden a una especie de reacomodos. Indicó que la política del gobierno federal en contra del crimen organizado y sobre todo, los acuerdos que el gobierno de Enrique Peña tuvo  en materia de compromisos con Estados Unidos y demás, hizo que el panorama y las relaciones, sufrieran un cambio.  

Por ejemplo, con el encarcelamiento del Chapo Guzmán y la persecución que ha habido en materia financiera sobre los carteles. Lo anterior, sostuvo que ha obligado a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los grupos del crimen organizado a irse adaptando e ir respondiendo, de alguna manera, a estos cambios. 

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El Dato

Quinto Informe

Durante la presentación de su quinto informe de Gobierno, Quirino Ordaz se refirió al Culiacana-zo, al señalar que fue “algo muy fuerte”, así como la pandemia y los problemas provocados por las inundaciones en 2018.

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