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Culiacán

Las mujeres y niñas en Sinaloa, ni libres, ni seguras ante el acecho de la violencia

Durante el Gobierno de Quirino Ordaz se mantuvo el feminicidio, además de que incrementó la violencia contra la familia y los delitos contra la libertad sexual.

Por Lorena Caro

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Sinaloa.- Las cifras oficiales muestran que hasta el momento, en el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, 224 mujeres han sido víctimas de feminicidio. No obstante, en Sinaloa hay más asesinatos de mujeres con violencia, y aunque deberían, lo cierto es que no todos los casos han sido investigados con la tipificación de feminicidio.

Tan solo para el 2020, Amnistía Internacional México reveló que de 37 muertes violentas de mujeres en Sinaloa, solo 26 fueron investigadas por feminicidio y 11 como homicidio doloso.

Si bien, Sinaloa tiene activa la Alerta de Género, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Sinaloense de las Mujeres, a decir de activistas y académicas entrevistadas por Debate, las autoridades no han logrado buenos resultados.

Una muestra constante es el registro de Culiacán dentro los municipios de mayores casos de feminicidios a nivel nacional. Para la estadística de enero a agosto del 2021, Culiacán se ubicó como el primero de los 100 municipios con más casos, 14 de forma oficial, seguido de Ciudad Juárez, que registró 13.

Violencia ininterrumpida

Aun cuando el feminicidio es la máxima violencia de género que la autoridad identifica, lamentablemente hay otras violencias que mantienen a mujeres, niñas y adolescentes en un sufrimiento ininterrumpido.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que del 1 de enero del 2017 al 31 de agosto del 2021, durante el Gobierno de Quirino Ordaz, se denunciaron de forma oficial 20 mil 784 casos de violencia contra la familia y 2 mil 959 casos de delitos contra la libertad sexual, como violación y abuso sexual.Casos que como se muestra en la gráfica se incrementaron con la pandemia en 2020 respecto al los años anteriores analizados en la gestión del gobierno estatal. 

“Las estadísticas al Gobierno solo le sirven para seguir contando las víctimas de la violencia de género. Cada día son más niñas golpeadas, violadas, acosadas; cada día son más mujeres golpeadas, desaparecidas; y las estadísticas solamente sirven para contar, no sirven para implementar una política pública”, indicó Priscila Salas, vocera e integrante del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, de Sinaloa. 

Políticas inexistentes

Priscila Salas indicó para Debate que, por parte del Gobierno estatal saliente, no existe una política transversal para la violencia basada en género, con un presupuesto adecuado que permita atender todas las acciones que marcan los instrumentos internacionales, las leyes federales y estatales, para poder comenzar a salir de la situación de emergencia en la que se encuentra Sinaloa. 

“Tenemos que la política siempre ha sido inexistente. Las personas que llegan al Gobierno del Estado, que han sido todos varones hasta hoy, creen que la política para atender a las mujeres es una política de segunda clase, de segunda categoría”, señaló.

La activista agregó al respecto que el Gobierno del Estado siempre ha creído que el Instituto Sinaloense de las Mujeres es toda su obligación para cumplir con el tema de atender a este género de todas las edades. Si bien, este órgano se describe como autónomo, Priscila  indicó que es de conocimiento público que no es realmente autónomo y que se dedica nada más a operar programas federales y que no tiene un gran impacto en el Gobierno.

“Y pues es normal, ¿no? Porque si la concepción del Gobierno es que la política para las mujeres es de segunda clase, pues es normal que la instancia estatal de las mujeres esté relegada en el protagonismo político”, apuntó.

Para la vocera e integrante del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, los Gobiernos estatales siempre han mantenido esa perspectiva, no hay un avance, ni una preocupación real de incluir a las mujeres en la política, en el Gobierno, como ciudadanas y verlas como personas, como titulares de derechos humanos. Al no existir esa perspectiva, consideró que es lógico que se tengan los resultados actuales en la región.

Sinaloa mantiene vigente la alerta de género en cinco municipios: Ahome, Guasave, Culiacán, Mazatlán y Navolato. Al respecto, Priscila Salas dijo que es muy curioso porque los Gobiernos igualmente siguen sin atender con perspectiva de género las acciones que deben de llevarse a cabo.

Además, sostuvo que en la alerta de violencia de género para Sinaloa todavía hay muchas cosas que no se hacen desde que la declararon. Incluso, criticó que el gobernador Quirino Ordaz ha salido en algunas ocasiones y ha dicho que no sabe si está funcionando, lo que Priscila calificó como grave al considerar que es una señal bastante alarmante de que él ni siquiera está hablando con su directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres para saber qué está pasando con respecto a la política para atender la violencia de género en el estado.

Violencia doméstica

Lizbeth García Montoya, profesora e investigadora experta en criminología y violencia familiar, indicó que en México, durante los últimos cinco años, las muertes de mujeres pasaron de ser 5 a 11 diarias, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Analizando y reflexionando la prevención de este fenómeno y de qué manera se está haciendo en Sinaloa, dijo que la intención del Gobierno del Estado puede ser buena, sin embargo, la estrategia no lo es del todo o la estrategia puede ser buena, pero no hay intenciones o voluntades y queda nada más en eso. 

“Cabe decir que el Gobierno actual no la tuvo fácil, enfrentar el problema multifacético y multidimensional de la violencia hacia la mujer, sobre todo enfrentando esta otra pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2”, sostuvo.

Lizbeth García añadió que, a pesar de que había un llamado internacional de la Organización Mundial de la Salud para todos los estados, donde se decía que se veía venir un incremento en la violencia doméstica a causa del confinamiento obligado, se hizo caso omiso por parte de los Gobiernos federales y los estados. 

Si bien apuntó que algunos Gobiernos locales implementaron, por ejemplo, poder hacer denuncias por internet, etc., esto no ayudó mucho, sobre todo en los estados del centro y del sur del país, porque algunas comunidades no tienen acceso a internet. Consideró que para este Gobierno estatal fue un verdadero reto enfrentar este fenómeno en pandemia.

Este 1 de noviembre comienza el Gobierno en Sinaloa del morenista Rubén Rocha. Ante esto, Priscila Salas, vocera e integrante del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, indicó para Debate que el reto para esta nueva Administración en el tema de violencia de género es dejar la misoginia de lado y reconocer, en primer lugar, que las necesidades de las mujeres son necesidades de la ciudadanía, de la mayoría de las personas.

Consideró que se necesitan políticas transversales y no nada más una Fiscalía, “que podría parecer una excelente idea, de entrada, pero que solamente atiende a una línea de un problema en donde hay cientos de intersecciones y de problemas que se están cruzando”, apuntó.

La propuesta de Rubén Rocha

Priscila Salas añadió que una Fiscalía de Género como la que propuso Rubén Rocha durante su campaña tiene un enfoque punitivista, donde además no se va a encerrar a todos los culpables, empezando porque la impunidad es enorme y porque eso no resuelve la violencia contra las mujeres.

“El decir que una Fiscalía es una buena idea, pues es como el dicho de ‘ahogado el niño, a tapar el pozo’ o ‘ahogada la niña, a tapar el pozo’, ya no tiene ningún sentido, porque nos hacen falta políticas de prevención y de atención y esas no existen”, señaló.

La activista agregó que se viene una etapa complicada a pesar de que se diga que habrá una Secretaría de la Mujer, que todavía falta concretarla y no se sabe más del proyecto.
Para Lizbeth García Montoya, experta en criminología, el próximo Gobierno debe de fortalecer, sin duda, todo lo que implica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Sinaloense de las Mujeres e incluso instituciones como la Secretaría de Salud y de Seguridad Pública, a las que la ley les ha dado más atribuciones en cuanto al problema de violencia doméstica.

Además, señaló que debe diseñarse una estrategia no solamente de política social o política pública, sino una política con carácter criminológico donde todas esas instancias de Gobierno puedan asumir su rol y asumir su responsabilidad en diferentes cargos que operan, para combatir la violencia contra las mujeres y disminuir, sobre todo, las brechas que impiden realmente alcanzar el derecho a una vida libre de violencia. También dijo que es importante fortalecer de la mano de mayor presupuesto a los refugios y centros de apoyo para las mujeres.

A decir de la experta, la violencia contra las mujeres no es un problema banal y tampoco es nuevo y mucho menos simple. Contrario a esto, indicó que el maltrato doméstico, en específico, es un problema añejo y latente, puesto que ha existido siempre a lo largo de la historia de los seres humanos.

Sostuvo que aunque no siempre ha sido identificado como un problema, este siempre ha tenido consecuencias invisibilizadas, hasta cierto punto, por la esfera gubernamental y que ha traído graves impactos en la sociedad.

Para entender...

Razones de género

En el año 2020, en México los Ministerios Públicos de las distintas entidades federativas registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios, reportó Amnistía Internacional México. Lo anterior significa que al menos 10 mujeres murieron asesinadas cada día en México a lo largo del año 2020 y que alrededor de un tercio de ellas lo fue por razones de género.     

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El Dato

Incremento nacional 

De enero a agosto de 2021, el número de feminicidios en el país aumentó 11.9 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

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