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México Evalúa. En el país crecen los delitos, pero también la impunidad

De acuerdo con datos del centro de investigación México Evalúa y su estudio Hallazgos 2020, en el país crecen los delitos, pero también la impunidad; solo 0.30 por ciento de las víctimas tienen una reparación del daño

Por Lorena Caro y Fabiola Manjarrez

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El incremento de los delitos está llevando al México a una impunidad estructural. De acuerdo con México Evalúa y su estudio Hallazgos 2020, la impunidad en los casos denunciados en México ascendió a 92.4 por ciento en 2019, mientras que un año más tarde, a nivel nacional se alcanzó hasta 94.8 por ciento. 

Christel Rosales, investigadora senior del programa de Justicia en México Evalúa, opinó que se observa una especie de estancamiento, de normalización, no solo de la violencia, sino también de las propias acciones en las instituciones mexicanas. Como ejemplo, destacó que las Defensorías Públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las Fiscalías, además de que ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación y para contar con análisis periciales propios.

“La desigualdad procesal permite la fabricación de culpables y niega la verdad para las víctimas. La Fiscalía no debe tener la última palabra en el sistema penal. Para México Evalúa es importante mostrar las áreas de oportunidad y apuntalarlas para mejorar la calidad de justicia”, subrayó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

Impartición de justicia

La investigación que da seguimiento y evaluación al Sistema de Justicia Penal en México encontró que cuatro de cada 10 personas esperan en prisión una sentencia. Lo anterior, de acuerdo con Christel Rosales, ha colocado en riesgo los derechos de personas víctimas y personas imputadas, al destacar que las comisiones ejecutivas de atención a víctimas no tienen las herramientas para garantizar y tutelar los derechos de las personas que representan, no tienen acceso a las investigaciones, ni cuentan con modelos que garanticen una atención digna en el proceso penal, y solo se está logrando en los casos que representan la reparación del daño en 0.30 por ciento.

“En términos de las personas imputadas, vemos un elemento importantísimo, 26 por ciento de las detenciones son calificadas como ilegales por una persona juzgadora y no todas estas detenciones derivan en la liberación de la persona imputada, solo el 3 por ciento deriva en una liberación. ¿Cómo puede hablarse entonces de presunción de inocencia si no estamos garantizando estos elementos mínimos?”, sostuvo.

De la totalidad de casos, añadió que en realidad ya son pocos, porque muchos se quedaron en la cifra negra;y los que llegaron a las autoridades, no de todos se inició una investigación, lo que genera un primer riesgo de posible arbitrariedad o impunidad, porque no todos derivaron en la apertura de un registro, quizá de una carpeta de investigación y se está desconociendo qué sucede con esa brecha. “Una vez que ya entran al Ministerio Público, de los procedimientos que fueron derivados de estas carpetas de investigación, 1 de cada 2 recibe respuesta”, explicó. En tanto, sostuvo que casi el 70 por ciento de los que sí recibieron respuesta fueron mandados al archivo temporal, por lo que consideró importantísimo que el archivo temporal se analice. Explicó que hay fenómenos criminales donde puede hacerse uso de esta figura, pero si no se tiene un mecanismo de priorización que discrimine un caso de alto impacto respecto de un caso de criminalidad común, se puede generar un foco de riesgo para que los casos se quedan en el archivo.

“Justo en esta lógica residual del sistema vemos que son pocos los casos que llegan a un juicio oral, pero el problema no es que lleguen pocos a juicio oral, el problema es que se queden sin responder en las instancias previas”, lamentó.
La investigadora Christel Rosales sostuvo que varios mecanismos internacionales han hecho pronunciamientos, llamando al Estado mexicano a fortalecer el Sistema de Justicia Penal. “Prácticamente estos llamados apuntan a fortalecer la investigación criminal, a no fragmentarla, a desarrollar análisis de contexto, pero están apuntando también a proteger los derechos de víctimas y personas imputadas”, señaló.

En el caso de las víctimas, detalló que se ha hecho la recomendación para que estas cuenten con asistencia legal y gratuita, mientras que en el caso de las personas imputadas, lo que se solicita es que se disminuya el uso de la prisión preventiva y no se prolongue más de lo necesario.

Un año de más delitos

La investigadora senior del programa de Justicia en México Evalúa, indicó durante la presentación del estudio Hallazgos 2020 que el país enfrenta un contexto de mucha violencia, y el nivel de víctimas se ha incrementado. Si bien, explicó que hubo una ligera reducción del 2019 al 2020, indicó que lo cierto es que 21.2 millones de víctimas sufrieron un delito durante el 2020.

“Esto representa el 28 por ciento de los hogares en el país. Esta situación es algo que debe de llevarnos y motivarnos a lograr que el Sistema de Justicia Penal dé respuesta”, apuntó.
La violencia letal es otro de los problemas analizados por el Centro de Investigación. Christel Rosales destacó que desde el 2018 no se ha tenido una disminución significativa de los homicidios;y no solo eso, el 2020 fue el año más letal para las mujeres.

Agresores en hogares 

En datos específicos, se observa que ocurrieron 36 mil 579 homicidios en 2020, es decir, 29 por cada 100 mil habitantes y 3 mil 874 homicidios fueron de mujeres.
Christel Rosales indicó que, frente a toda la contingencia y el encierro por SARS-CoV-2, la incidencia de delitos se redujo al 10 por ciento. 

“Esto es claramente natural porque las personas no salían mucho de sus hogares, sin embargo, este mismo comportamiento no se nota en otro tipo de delitos donde el agresor puede estar en casa: los delitos de violencia de género y de violencia familiar incrementaron”, expresó.

De acuerdo con los datos de Hallazgos 2020, los delitos de violencia de género aumentaron 27 por ciento, y la violencia familiar se incrementó en 5 por ciento. Aunado a esto, la cifra negra de delitos pasó de 92.4 por ciento en 2019 a 93.3 por ciento en 2020. Este dato, de acuerdo con la especialista de México Evalúa, no ha cambiado en los últimos 10 años. Prácticamente, indicó, esto se debe a que las personas no están acudiendo a denunciar y solo una muy pequeña cantidad de los delitos están llegando al conocimiento de las autoridades.

Pero ¿qué es lo que lo explica? Christel Rosales señaló que, principalmente, se debe a la falta de confianza en las autoridades. De acuerdo con los datos de México Evalúa, el 33.9 por ciento no denunció por considerarlo pérdida de tiempo y el 14.2 por ciento, por desconfiar de la autoridad.

Para la investigadora senior, la crisis de desaparición no puede dejar de advertirse, ya que no es un fenómeno cualquiera que se pueda dar por sentado. Indicó que al 29 de septiembre de 2021 se registraron 92 mil 585 y de ese número, poco más de 20 mil desaparecieron en 2020. “¿Qué estamos haciendo justo, no solo para no evitar que las personas desaparezcan, sino también para esclarecer los hechos e identificar cuáles son las estructuras que están generando estos fenómenos criminales?”, cuestionó.

Una de cada dos mujeres se encuentra privada de la libertad esperando una sentencia

En su octava edición, la investigación Hallazgos 2020 integra la base para una evaluación con enfoque de género a la operación y resultados del sistema penal. De acuerdo con los datos, los derechos de las mujeres son menos respetados en las agencias del Ministerio Público. Según se especifica, al rendir una declaración, las mujeres son presionadas para dar otra versión de los hechos en mayor medida que los hombres en esa misma situación. Asimismo, a las mujeres se les dan a leer sus derechos en menor proporción que a los hombres. Por otro lado, una de cada dos mujeres se encuentra privada de la libertad esperando una sentencia, y reciben penas mayores por los mismos delitos, en comparación con las de los hombres.

Christel Rosales, investigadora senior del programa de Justicia en México Evalúa, dijo al respecto que es muy importante discutir con profundidad problemas de desigualdad de género en el acceso a la justicia, la aplicación de la ley, los abusos que sufren las mujeres al interior de los centros penitenciarios y las medidas para la restitución de sus derechos. “Con la incorporación de estos datos queremos visibilizar estas temáticas de forma transversal para entender los diferentes retos que hay en un SJP diseñado a partir de estereotipos, roles y prejuicios sociales”, sostuvo.

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