Opinión

La reforma político-electoral de AMLO

Sustancia sin retórica

Por Saúl Lara Espinoza

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El 28 de abril del año en curso, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, presentó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa en la que propone reformar los artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60,63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los dos objetivos esenciales siguientes: 1. Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad; y, 2. Erigir a las autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales en la materia electoral, con el propósito de que se mantengan fuera de la lucha por el poder.

Ella tiene por objeto adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años. Teóricamente busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos; insertar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos; facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública; fortalecer a los órganos administrativo y jurisdiccional en materia electoral, salvaguardando el equilibrio de poder y su imparcialidad en las contiendas electorales y, homologar los procesos electorales locales y el método de representación.

Así mismo, con la citada reforma se busca garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas; construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político; conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas, bajo el principio de austeridad republicana; elegir, mediante el voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales de carácter administrativas y jurisdiccionales, mediante la postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión; elegir ambas cámaras del Congreso de la Unión, mediante votación en cada una de las entidades federativas, a través del uso del método de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes.

Esto último se trata de un mecanismo de representación proporcional más plural que se haya propuesto en la historia del sistema político mexicano, según lo refiere la propia iniciativa.

Otra de las novedades trascendentales de la iniciativa, es que en ella se propone eliminar 200 diputados federales y 32 senadores, para que queden solo 300 en la Cámara de Diputados y 96 en la de Senadores, en lugar de 500 y 128 integrantes, respectivamente como hasta ahora.

En los estados y municipios, los Congresos y los ayuntamientos se regirán por el mismo principio de listas postuladas en una sola demarcación que abarca la totalidad del territorio del estado o municipio respectivo.

Otro aspecto muy loable de la iniciativa, es que en ella propone limitar el financiamiento de los partidos políticos, otorgándoseles a estos solamente para gastos de campaña electoral, suprimiendo el llamado financiamiento ordinario que se les viene entregando mensualmente cada año; al mismo tiempo, regular las aportaciones de las personas a los partidos políticos y el uso de tales recursos por parte de éstos.

Con ello el presupuesto a la democracia electoral de índole federal, se reduciría en poco más de 24 mil millones de pesos. Cantidad con la cual, según nuestros cálculos, se construirían al menos 68 hospitales de tercer nivel, es decir, aquellos nosocomios que cuentan con todas o la mayoría de las especialidades médicas y en los cuales atienden enfermedades complejas como el cáncer y los padecimientos cardiovasculares, entre otras.

Esto es aparte de la reducción del gasto operativo de ambas cámaras federales, el cual se reduciría en casi 4 mil 428 millones de pesos, que serviría para mejorar ostensiblemente la infraestructura educativa del país, respecto de la que hace mucha falta.

Razón por la cual, efectivamente, dicha reforma constitucional se inserta en el principio de austeridad republicana. De ahí que es muy benéfica para el país. Aunque, claro, afectará los intereses de algunos partidos políticos y, por lo mismo, advertimos, habrá serias dificultades para que sea aprobada, máxime que la actual conformación de las cámaras de Diputados y de Senadores, Morena no tiene la mayoría calificada que se exige para efectuar cambios a la Ley Suprema de la Unión. Ante lo cual, sería bueno que el pueblo se pronunciase a favor de ella en la consulta que se hará en este mismo mes de julio en todo el país. Ojalá expliquen bien sus bondades.

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Maestro en derecho constitucional y administrativo y doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Autor de más de 200 artículos y ensayos; 70 iniciativas de ley y reglamentos administrativos, además de 13 obras monográficas. Ha sido asesor de diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno, coordinador de asesores y asesor de diversos grupos parlamentarios, diputados federales y senadores de la República, legisladores locales, presidentes municipales y regidores de ayuntamientos. Ha sido profesor de instituciones educativas en los niveles de bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado por más de 35 años. También ha dirigido más de 50 tesis de maestría y doctorado. Imparte conferencias en universidades e instituciones de educación superior, organismos sociales, privados y empresariales.

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